Oficiales de Teniente Coronel Redondo contamplan los daños provocados por la aviación |
A
nadie le llamará la atención ya, después de haber sido investigados
miles de rincones de nuestra geografía, que los militares rebeldes
alzados en armas contra la legítima y soberana República, utilizaron
como táctica de guerra (muy cercana al genocidio) la “limpieza
ideológica y social” que se venía practicando en el protectorado
marroquí. Sólo habría que echar un vistazo a la obra de Arturo Barea
para comprender los “métodos” represivos utilizados por los legionarios
y regulares contra una población civil indefensa, que con frecuencia
fue pasada a cuchillo, diezmada, y vejada. Esta “estrategia” del terror,
practicada sin tapujos en Andalucía y Extremadura como magistralmente
nos ha narrado Francisco Moreno Gómez
en varias de sus obras, estuvo pensada y elaborada desde mucho antes
del fatídico 17 de julio. No nos hartaremos de repetir la soflama
incendiaria de Mola meses antes de la rebelión: “es
necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de
dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense
como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea
abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado” (Instrucción Reservada. Base 5ª. Mayo 1936).
La
brutalidad, la llamada eufemísticamente “limpieza”, las detenciones,
violaciones, fusilamientos, y otras execrables sevicias, amparadas en
los llamados bandos de guerra,
fueron de tal magnitud que los golpistas intentaron por todos los
medios borrar los crímenes cometidos. Las cunetas y los cementerios
quedaron colmados de cadáveres; los registros civiles o de cementerio se
prestaban a silenciar los asesinatos, y si no era así, se certificaba
la defunción bajo absurdas excusas, como “estrangulamiento”, “anemia”,
“hemorragia interna”, … y otras perífrasis. Nunca, y decimos bien,
sabremos el número total de víctimas que provocó lo más rancio y casposo
del autoproclamado Ejército Nacional Africanista.
¡Nunca tan pocos, hicieron tanto daño a toda una Nación, que renunció
constitucionalmente a la guerra como medida para solucionar sus
diferencias!.
Un
ejemplo visible, palpable, con nombres y apellidos, olvidado como
tantos, defenestrado y condenado a esa amnesia colectiva que nos impuso
la transición, el posfranquismo sociológico y el revisionismo actual de tintes periodísticos, es nuestro convecino Santiago Fernández Garrido.
Se trata de un ejemplo, de otro más, de la ocultación de la comisión de
un crimen, que ni el mismo franquismo pudo ocultar. ¡Nos dejó
demasiadas pistas a los historiadores, demasiados cadáveres mal
enterrados!.
Por desgracia, para acercarnos a la vida de Santiago Fernández Garrido,
debemos empezar por su defunción. Ésta se inscribió en el registro
civil de Porcuna un 20 de abril de 1943, presuntamente porque el
Tribunal de Responsabilidades Políticas así lo exigiese. De él sabemos
que nació el 5 de julio de 1914, natural de Porcuna, hijo de Santiago y Desamparados, con domicilio en la calle San Juan, nº 8, de profesión, industrial (posiblemente
dependiente) y de estado soltero, sin descendencia. En ella se dice que
falleció en Córdoba, “donde accidentalmente se encontraba” el 7 de
abril de 1937 a consecuencia de “los sucesos de la guerra pasada” (sic).
Tenía 23 años. Podríamos pensar ingenuamente que los custodios del
juzgado municipal eran unos cínicos, unos hipócritas; pero no, no lo
eran, o por lo menos no en este aspecto. Los empleados judiciales sabían
perfectamente la causa de la muerte de nuestro joven paisano, es más,
sabían porqué se encontraba “accidentalmente” en Córdoba, la fecha
exacta del óbito, y lo más importante, la tragedia que conllevó la
“accidentalidad”, y que ellos pretendieron ocultar con una frase cargada
de ambigüedad: “los sucesos de la guerra pasada”. Efectivamente se
encontraba en Córdoba, pero no de manera casual, voluntaria, sino
detenido por las tropas africanistas que entraron a sangre y fuego en
Porcuna un 1º de enero de 1937; y su muerte, aunque utilizasen como
perífrasis “los sucesos de la guerra pasada”, en realidad se trató de un
fusilamiento, de una ejecución extrajudicial, de un asesinato
condenable, de una tesela más del mosaico genocida del franquismo. Su
cadáver yace en la fosa común del cementerio de San Rafael de Córdoba.
La
maquinaria rebelde no se contentó con la detención. Así, el 27 de enero
de 1937, a los pocos días de haber sido detenido, el subalterno del Capitán Carazo, omnipotente comandante de la plaza de Porcuna, teniente de la Guardia Civil Juan Castillo Mena, como juez instructor en estos casos, abrió expediente de incautación de bienes contra el joven Santiago Fernández Garrido,
en virtud de distintos bandos dictados por los rebeldes con fecha de 18
de agosto y 8 de septiembre de 1936. La Gestora Municipal nombrada por
el Capitán de la Guardia Civil Francisco Carazo Carazo, dueño y señor de Porcuna durante la guerra, juez de horca y cuchillo, que
decidió en gran medida la suerte vital de muchos paisan@s, quizás ante
la impotencia de no poder “liberar” Torredonjimeno, de donde era
oriundo; no tardó en prestar sus “servicios” y delaciones en contra de
los huidos o detenidos ya. Así, de esta manera, testificaron en contra
de Santiago, Antonio Gallo Aguilera,
que dice de él que “era un esaltado” (sic), que “si bien no tuvo armas
en la mano”, sus deseos eran los de “quemar la iglesia”, que servía de
cárcel a los presos de derechas. Francisco A. Ruiz Ollero,
maestro nacional, miembro también de la Gestora, dice que es “de rumor
público” que “hacía manifestaciones a favor de las hordas marxistas, y
que es un muchacho de carácter violento y mudable”. También dice de él
que su carácter es “nervioso y esaltado” (sic), pero que no lo vio con
armas en la mano. Emiliano Vallejos Molina,
labrador, en oposición al jornalero o campesino, es decir, que posee
tierras, dice que “frecuentaba la taberna de un tal Méndez (en otros
documentos aparece como Lendínez) huido con los rojos y de ideas
extremistas”. Nos dice también que nunca llevó armas, que participó en
mítines, pero “ignora que haya cometido algún crimen”. José Vázquez Sancho (sic) /Alonso/ ,
médico, dice de él que “le extraña fuese comunista teniendo capital”,
resaltando “que lo ha visto leer con convicción la prensa izquierdista,
alegrándose de su contenido”. Tres detalles nos aporta el futuro munícipe franquista, uno, que tenía cierto desahogo económico,
al poseer algunas tierras; dos, que sabía leer, y además la prensa
izquierdista; y tres, que el comunismo es incompatible con el capital.
Otro gestor, Jesús Morente Ruiz,
administrador de loterías, dice que cuando Porcuna “estaba en manos de
los rojos”, tenía “un genio ligero y fuguilla”. Esa fue su declaración y
punto. También Rafael Izquierdo,
comerciante y gestor en los primeros días tras la ocupación rebelde de
Porcuna, también nos dice que por “rumor público era de ideas
avanzadas”, suponemos que por lo retrógadas de las suyas.
"Muros de la Memoria", cementerio de San Rafael (Córdoba)
Así, sin tener en cuenta la opinión del acusado, y menos aún de algún testigo de descargo que no fuese de la parte del novio, a Santiago Fernández Garrido,
detenido ya, y con sus huesos en la prisión de Córdoba, se le procedió a
hacer inventario de sus bienes “de toda clase”. Después, el Juez
Instructor, aplicando los respectivos “bandos” concluye que “este
individuo tenía actividades (¡) y hecho propagandas encaminadas a la implantación de un régimen Marxista en España, habiéndose opuesto al legítimo Ejército Nacional (el subrayado y la cursiva son nuestras)
como los demuestran (sic), los informes y declaraciones” anteriores.
Continúa: “este individuo ha sido sancionado a propuesta de la
Comandancia Militar de esta Plaza (Carazo)
y de orden del Coronel Jefe del Sector a la pena de destierro que en la
actualidad se encuentra cumpliendo (...). Porcuna, uno de abril de
1937”. Destierro,
que hay que advertir, cumplía por imposición, en la cárcel de Córdoba
poco antes de ser fusilado. Estas fueron las pruebas, argumentaciones, y
de paso sentencia ejecutoria en aplicación del bando de guerra, pues no
tuvo juicio alguno, salvo el “rumor público”, la lectura de prensa
izquierdista, y algo importantísimo, haberse opuesto, suponemos que con
el verbo y la lectura (armas de destrucción masiva, sin duda) al
“legítimo ejército nacional”. Finalmente resultó que no era un
”capitalista”, por poseer su madre tres hectáreas de tierra, en palabras
del Sr. Vázquez, sino que en realidad eran tres fanegas y media de tierra calma, como consta en el expediente.
De este modo, en un oficio rubricado por el que fuese juez municipal, Antonio Barranco,
fechado en Porcuna el 19 de octubre de 1937, se dice de nuestro
desafortunado paisano, que era de filiación izquierdista, que profirió
palabras ofensivas contra las personas de orden que fueron detenidas.
Dicho “sujeto”, nos cuenta Barranco,
fue detenido “por las autoridades militares al ser liberada la ciudad
por ser un elemento de una conducta irregular y perturbadora (sic)”.
Finalizada
la instrucción del expediente, sobre éste no se “dictaría sentencia”
hasta después de la guerra, en aplicación ya de la Ley de 9 de febrero
de 1939, sobre Responsabilidades Políticas, una ley que no sólo expolió y
robó los bienes a las instituciones republicanas o de izquierdas, sino a
los sindicatos y a los vencidos. De nuevo, reabierto el caso, en un
oficio de la Guardia Civil se dice de Santiago Fernández,
que “pertenecía al Partido Republicano Radical” (partido precisamente
que no se caracterizó por su ideología marxista o izquierdista); “hizo
propaganda callejera (...), usó armas (recuerden que los gestores
municipales durante la guerra decían que no se le vio con armas), fue
detenido al ser liberado este Pueblo y se dice que ha fallecido (¿sarcástico, no?);
no se le reconocen bienes de ninguna clase”. En otro oficio, del
Delegado Local de Falange, dice lo mismo, que “fue detenido, y que según
rumores, se encuentra fallecido”; dato que también confirma con
idénticas palabras el cura-párroco, Ramón Anguita y el alcalde, Benito Garrido Palacios en mayo de 1941.
El
Juzgado Provincial de Jaén de Responsabilidades Políticas en oficio
remitido al juzgado de Porcuna (abril de 1941), le requiere, en lo que
parece una broma de mal gusto, que tome declaración al imputado. El
juez, Cristóbal Muñoz Rodríguez,
que sería alcalde en los años cincuenta, y que durante la guerra
perteneció al cuerpo médico del ejército republicano, nos dice,
seguramente con sorpresa o intentado por todos los medios negar lo
evidente, es decir, el asesinato, que “Santiago Fernández Bellido
(sic) fue detenido en el mes de enero de 1937, ignorándose su paradero”
(18 de abril de 1941). En noviembre de ese año, la Guardia Civil de
Porcuna, reconoce ya lo evidente, y afirma que Santiago Fernández
fue “ejecutado en Córdoba el 7 de abril de 1937”. ¿Por qué entonces, en
su partida de defunción se hace constar que murió a consecuencia de
“los sucesos de la pasada guerra”?. ¿Por qué no constó, simplemente, que
había sido fusilado?. Simple, ocultar el crimen, para así borrar
cualquier indicio del asesinato cometido; para borrar su nombre de la
Historia, en suma.
El procedimiento de incautación de bienes continuó; y así, la madre de la víctima, Desamparo Garrido Vallejos,
con domicilio en la Plaza de San Juan nº 8, firmado de su puño y letra
dijo tener tres fanegas y media de tierra calma en el sitio conocido
como Cerro del Sacristán, con un valor aproximado de 2.500 pesetas.
Finalmente, como si de una pesadilla se tratase, el 23 de octubre de
1943, se aprobó por el juzgado de Martos el sobreseimiento del acto,
acordándose la cancelación de cualquier clase de trabas y embargos.
Así, como si nada hubiese ocurrido, como si el asesinato de Santiago Fernández no hubiese existido, la pseudojusticia franquista,
cargada de solemnidad, daba por finalizado un procedimiento que
paradójicamente nos ha dado las claves del crimen cometido. No sabremos
si Franco respondió ante Dios de sus hechos; pero sí podemos afirmar,
que lo está haciendo ante la Historia. Descanse en paz.
Fuentes y Bibliografía:
- Registro Civil de Porcuna (consultado en 2011).
- Expediente de Responsabilidades Políticas de Santiago Fernández Garrido. Archivo Histórico Provincial de Jaén.
-
Apartado de correos nº 47-23790. Porcuna (Jaén)
Rogamos la máxima difusión entre vuestros contactos
22 € aprox.
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