Todos los Nombres de Porcuna (Jaén): A Santiago Fernández Garrido no lo han podido borrar de la Historia

Oficiales de Teniente Coronel Redondo contamplan los daños provocados por la aviación

A nadie le llamará la atención ya, después de haber sido investigados miles de rincones de nuestra geografía, que los militares rebeldes alzados en armas contra la legítima y soberana República, utilizaron como táctica de guerra (muy cercana al genocidio) la “limpieza ideológica y social” que se venía practicando en el protectorado marroquí. Sólo habría que echar un vistazo a la obra de Arturo Barea para comprender los “métodos” represivos utilizados por los legionarios y regulares contra una población civil indefensa, que con frecuencia fue pasada a cuchillo, diezmada, y vejada. Esta “estrategia” del terror, practicada sin tapujos en Andalucía y Extremadura como magistralmente nos ha narrado Francisco Moreno Gómez en varias de sus obras, estuvo pensada y elaborada desde mucho antes del fatídico 17 de julio. No nos hartaremos de repetir la soflama incendiaria de Mola meses antes de la rebelión: “es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado” (Instrucción Reservada. Base 5ª. Mayo 1936).

La brutalidad, la llamada eufemísticamente “limpieza”, las detenciones, violaciones, fusilamientos, y otras execrables sevicias, amparadas en los llamados bandos de guerra, fueron de tal magnitud que los golpistas intentaron por todos los medios borrar los crímenes cometidos. Las cunetas y los cementerios quedaron colmados de cadáveres; los registros civiles o de cementerio se prestaban a silenciar los asesinatos, y si no era así, se certificaba la defunción bajo absurdas excusas, como “estrangulamiento”, “anemia”, “hemorragia interna”, … y otras perífrasis. Nunca, y decimos bien, sabremos el número total de víctimas que provocó lo más rancio y casposo del autoproclamado Ejército Nacional Africanista. ¡Nunca tan pocos, hicieron tanto daño a toda una Nación, que renunció constitucionalmente a la guerra como medida para solucionar sus diferencias!.

Un ejemplo visible, palpable, con nombres y apellidos, olvidado como tantos, defenestrado y condenado a esa amnesia colectiva que nos impuso la transición, el posfranquismo sociológico y el revisionismo actual de tintes periodísticos, es nuestro convecino Santiago Fernández Garrido. Se trata de un ejemplo, de otro más, de la ocultación de la comisión de un crimen, que ni el mismo franquismo pudo ocultar. ¡Nos dejó demasiadas pistas a los historiadores, demasiados cadáveres mal enterrados!.

Por desgracia, para acercarnos a la vida de Santiago Fernández Garrido, debemos empezar por su defunción. Ésta se inscribió en el registro civil de Porcuna un 20 de abril de 1943, presuntamente porque el Tribunal de Responsabilidades Políticas así lo exigiese. De él sabemos que nació el 5 de julio de 1914, natural de Porcuna, hijo de Santiago y Desamparados, con domicilio en la calle San Juan, nº 8, de profesión, industrial (posiblemente dependiente) y de estado soltero, sin descendencia. En ella se dice que falleció en Córdoba, “donde accidentalmente se encontraba” el 7 de abril de 1937 a consecuencia de “los sucesos de la guerra pasada” (sic). Tenía 23 años. Podríamos pensar ingenuamente que los custodios del juzgado municipal eran unos cínicos, unos hipócritas; pero no, no lo eran, o por lo menos no en este aspecto. Los empleados judiciales sabían perfectamente la causa de la muerte de nuestro joven paisano, es más, sabían porqué se encontraba “accidentalmente” en Córdoba, la fecha exacta del óbito, y lo más importante, la tragedia que conllevó la “accidentalidad”, y que ellos pretendieron ocultar con una frase cargada de ambigüedad: “los sucesos de la guerra pasada”. Efectivamente se encontraba en Córdoba, pero no de manera casual, voluntaria, sino detenido por las tropas africanistas que entraron a sangre y fuego en Porcuna un 1º de enero de 1937; y su muerte, aunque utilizasen como perífrasis “los sucesos de la guerra pasada”, en realidad se trató de un fusilamiento, de una ejecución extrajudicial, de un asesinato condenable, de una tesela más del mosaico genocida del franquismo. Su cadáver yace en la fosa común del cementerio de San Rafael de Córdoba.

La maquinaria rebelde no se contentó con la detención. Así, el 27 de enero de 1937, a los pocos días de haber sido detenido, el subalterno del Capitán Carazo, omnipotente comandante de la plaza de Porcuna, teniente de la Guardia Civil Juan Castillo Mena, como juez instructor en estos casos, abrió expediente de incautación de bienes contra el joven Santiago Fernández Garrido, en virtud de distintos bandos dictados por los rebeldes con fecha de 18 de agosto y 8 de septiembre de 1936. La Gestora Municipal nombrada por el Capitán de la Guardia Civil Francisco Carazo Carazo, dueño y señor de Porcuna durante la guerra, juez de horca y cuchillo, que decidió en gran medida la suerte vital de muchos paisan@s, quizás ante la impotencia de no poder “liberar” Torredonjimeno, de donde era oriundo; no tardó en prestar sus “servicios” y delaciones en contra de los huidos o detenidos ya. Así, de esta manera, testificaron en contra de Santiago, Antonio Gallo Aguilera, que dice de él que “era un esaltado” (sic), que “si bien no tuvo armas en la mano”, sus deseos eran los de “quemar la iglesia”, que servía de cárcel a los presos de derechas. Francisco A. Ruiz Ollero, maestro nacional, miembro también de la Gestora, dice que es “de rumor público” que “hacía manifestaciones a favor de las hordas marxistas, y que es un muchacho de carácter violento y mudable”. También dice de él que su carácter es “nervioso y esaltado” (sic), pero que no lo vio con armas en la mano. Emiliano Vallejos Molina, labrador, en oposición al jornalero o campesino, es decir, que posee tierras, dice que “frecuentaba la taberna de un tal Méndez (en otros documentos aparece como Lendínez) huido con los rojos y de ideas extremistas”. Nos dice también que nunca llevó armas, que participó en mítines, pero “ignora que haya cometido algún crimen”. José Vázquez Sancho (sic) /Alonso/ , médico, dice de él que “le extraña fuese comunista teniendo capital”, resaltando “que lo ha visto leer con convicción la prensa izquierdista, alegrándose de su contenido”. Tres detalles nos aporta el futuro munícipe franquista, uno, que tenía cierto desahogo económico, al poseer algunas tierras; dos, que sabía leer, y además la prensa izquierdista; y tres, que el comunismo es incompatible con el capital. Otro gestor, Jesús Morente Ruiz, administrador de loterías, dice que cuando Porcuna “estaba en manos de los rojos”, tenía “un genio ligero y fuguilla”. Esa fue su declaración y punto. También Rafael Izquierdo, comerciante y gestor en los primeros días tras la ocupación rebelde de Porcuna, también nos dice que por “rumor público era de ideas avanzadas”, suponemos que por lo retrógadas de las suyas.

"Muros de la Memoria", cementerio de San Rafael (Córdoba)

Así, sin tener en cuenta la opinión del acusado, y menos aún de algún testigo de descargo que no fuese de la parte del novio, a Santiago Fernández Garrido, detenido ya, y con sus huesos en la prisión de Córdoba, se le procedió a hacer inventario de sus bienes “de toda clase”. Después, el Juez Instructor, aplicando los respectivos “bandos” concluye que “este individuo tenía actividades (¡) y hecho propagandas encaminadas a la implantación de un régimen Marxista en España, habiéndose opuesto al legítimo Ejército Nacional (el subrayado y la cursiva son nuestras) como los demuestran (sic), los informes y declaraciones” anteriores. Continúa: “este individuo ha sido sancionado a propuesta de la Comandancia Militar de esta Plaza (Carazo) y de orden del Coronel Jefe del Sector a la pena de destierro que en la actualidad se encuentra cumpliendo (...). Porcuna, uno de abril de 1937”. Destierro, que hay que advertir, cumplía por imposición, en la cárcel de Córdoba poco antes de ser fusilado. Estas fueron las pruebas, argumentaciones, y de paso sentencia ejecutoria en aplicación del bando de guerra, pues no tuvo juicio alguno, salvo el “rumor público”, la lectura de prensa izquierdista, y algo importantísimo, haberse opuesto, suponemos que con el verbo y la lectura (armas de destrucción masiva, sin duda) al “legítimo ejército nacional”. Finalmente resultó que no era un ”capitalista”, por poseer su madre tres hectáreas de tierra, en palabras del Sr. Vázquez, sino que en realidad eran tres fanegas y media de tierra calma, como consta en el expediente.

De este modo, en un oficio rubricado por el que fuese juez municipal, Antonio Barranco, fechado en Porcuna el 19 de octubre de 1937, se dice de nuestro desafortunado paisano, que era de filiación izquierdista, que profirió palabras ofensivas contra las personas de orden que fueron detenidas. Dicho “sujeto”, nos cuenta Barranco, fue detenido “por las autoridades militares al ser liberada la ciudad por ser un elemento de una conducta irregular y perturbadora (sic)”.

Finalizada la instrucción del expediente, sobre éste no se “dictaría sentencia” hasta después de la guerra, en aplicación ya de la Ley de 9 de febrero de 1939, sobre Responsabilidades Políticas, una ley que no sólo expolió y robó los bienes a las instituciones republicanas o de izquierdas, sino a los sindicatos y a los vencidos. De nuevo, reabierto el caso, en un oficio de la Guardia Civil se dice de Santiago Fernández, que “pertenecía al Partido Republicano Radical” (partido precisamente que no se caracterizó por su ideología marxista o izquierdista); “hizo propaganda callejera (...), usó armas (recuerden que los gestores municipales durante la guerra decían que no se le vio con armas), fue detenido al ser liberado este Pueblo y se dice que ha fallecido (¿sarcástico, no?); no se le reconocen bienes de ninguna clase”. En otro oficio, del Delegado Local de Falange, dice lo mismo, que “fue detenido, y que según rumores, se encuentra fallecido”; dato que también confirma con idénticas palabras el cura-párroco, Ramón Anguita y el alcalde, Benito Garrido Palacios en mayo de 1941.

Franco con el alcalde Cristóbal Muñoz Rodríguez en las escalinatas de la Parroquia de la Asunción. 5 de junio de 1951

Franco con el alcalde Cristóbal Muñoz Rodríguez (Porcuna, 1951)

El Juzgado Provincial de Jaén de Responsabilidades Políticas en oficio remitido al juzgado de Porcuna (abril de 1941), le requiere, en lo que parece una broma de mal gusto, que tome declaración al imputado. El juez, Cristóbal Muñoz Rodríguez, que sería alcalde en los años cincuenta, y que durante la guerra perteneció al cuerpo médico del ejército republicano, nos dice, seguramente con sorpresa o intentado por todos los medios negar lo evidente, es decir, el asesinato, que “Santiago Fernández Bellido (sic) fue detenido en el mes de enero de 1937, ignorándose su paradero” (18 de abril de 1941). En noviembre de ese año, la Guardia Civil de Porcuna, reconoce ya lo evidente, y afirma que Santiago Fernández fue “ejecutado en Córdoba el 7 de abril de 1937”. ¿Por qué entonces, en su partida de defunción se hace constar que murió a consecuencia de “los sucesos de la pasada guerra”?. ¿Por qué no constó, simplemente, que había sido fusilado?. Simple, ocultar el crimen, para así borrar cualquier indicio del asesinato cometido; para borrar su nombre de la Historia, en suma.

El procedimiento de incautación de bienes continuó; y así, la madre de la víctima, Desamparo Garrido Vallejos, con domicilio en la Plaza de San Juan nº 8, firmado de su puño y letra dijo tener tres fanegas y media de tierra calma en el sitio conocido como Cerro del Sacristán, con un valor aproximado de 2.500 pesetas. Finalmente, como si de una pesadilla se tratase, el 23 de octubre de 1943, se aprobó por el juzgado de Martos el sobreseimiento del acto, acordándose la cancelación de cualquier clase de trabas y embargos.

Así, como si nada hubiese ocurrido, como si el asesinato de Santiago Fernández no hubiese existido, la pseudojusticia franquista, cargada de solemnidad, daba por finalizado un procedimiento que paradójicamente nos ha dado las claves del crimen cometido. No sabremos si Franco respondió ante Dios de sus hechos; pero sí podemos afirmar, que lo está haciendo ante la Historia. Descanse en paz.

Fuentes y Bibliografía:

Registro Civil de Porcuna (consultado en 2011).
Expediente de Responsabilidades Políticas de Santiago Fernández Garrido. Archivo Histórico Provincial de Jaén.
“La Guerra Civil en Córdoba”, página web de Patricio Hidalgo Luque.

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